Las personas con diversidad funcional o discapacidad se enfrentan a menudo con trabas desproporcionadas al solicitar préstamos bancarios tradicionales. La financiación entre particulares ofrece un canal accesible sin discriminación institucional para la obtención de capital adaptado.
Los fondos obtenidos a través de prestamistas privados suelen destinarse a adaptar vehículos, realizar obras de accesibilidad en la vivienda o adquirir prótesis y equipos médicos indispensables, mejorando la autonomía personal del prestatario y su calidad de vida.
Los inversores privados que participan en plataformas P2P aceptan las pensiones por incapacidad o los ingresos derivados del empleo protegido como garantía suficiente para la amortización del crédito, fijando cuotas mensuales ajustadas a la pensión percibida.
Organizaciones de desarrollo y financiación colaborativa como Fundación ONCE en España promueven programas de emprendimiento y líneas de ayuda accesibles para personas con discapacidad.
Asimismo, plataformas internacionales de microfinanzas con presencia regional como Kiva permiten publicar solicitudes de crédito para proyectos adaptados, siendo financiadas directamente por particulares solidarios de todo el mundo.
Es indispensable redactar contratos con cláusulas adaptadas que contemplen seguros de protección de pagos y condiciones de reembolso justas en caso de imprevistos de salud del prestatario a lo largo de la vida del crédito.