El mercado de finanzas participativas en Costa Rica ofrece una valiosa fuente de financiamiento para personas y PYMEs que buscan obviar la excesiva burocracia de los bancos estatales y privados que operan en el territorio nacional.
Aunque el préstamo directo entre dos personas es una actividad privada permitida por el Código de Comercio costarricense, las plataformas que intermedian fondos deben operar respetando los reglamentos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Los solicitantes deben demostrar su capacidad de pago mediante certificaciones de ingresos firmadas por un contador público o extractos bancarios recientes, manteniendo sus obligaciones tributarias vigentes ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
En el ecosistema costarricense de crédito privado opera la fintech de préstamos colectivos MultiMoney Costa Rica, que ofrece líneas de financiamiento rápidas respaldadas por capital privado.
Para la financiación directas de proyectos productivos, entidades orientadas al microcrédito como Fundeoperación conectan a pequeños productores con fondos de desarrollo e inversores de impacto local.
La formalización de los pagares de cambio ante notario público costarricense es la herramienta legal clave que otorga capacidad de cobro judicial directo al inversor en caso de mora en la devolución pactada.